Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Gobierno propuso sustituir el apremio carcelario por monitoreo electrónico para determinados deudores de pensión alimentaria, con el fin de facilitar el pago.
La iniciativa pretende que la persona mantenga su empleo o pueda generar ingresos mientras permanece bajo vigilancia judicial. El periodo de uso de la tobillera sería equivalente al tiempo de apremio corporal establecido por el juez.
Quedarían excluidas las personas vinculadas con el crimen organizado, el narcotráfico, la legitimación de capitales, los delitos sexuales contra menores de edad, la violencia doméstica o contra las mujeres, además de quienes carezcan de domicilio fijo.
El beneficiario deberá conservar el dispositivo en buen estado, no retirarlo ni alterarlo, comunicar cualquier falla y respetar las restricciones de movilidad. También tendrá que mantenerse al día con la obligación alimentaria durante el periodo autorizado.
El beneficio se revocará si el deudor deja de pagar durante más de un mes, daña la tobillera o incumple las condiciones impuestas. En ese caso, será trasladado al sistema penitenciario.
Una vez en prisión, podría solicitar permiso para salir a trabajar y regresar en horarios definidos. El Ejecutivo sostiene que la medida protegería a los menores, reduciría el hacinamiento y evitaría mayores gastos estatales.
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