Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
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La Contraloría negó haber obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y fronteras, respondiendo a declaraciones del Ejecutivo.
Según la institución, desde 2020 el país disponía de un crédito externo de hasta $25 millones para este proyecto de seguridad.
No obstante, en febrero de 2024, el Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento la adquisición de equipos.
La Contraloría explicó que giró una orden para frenar una contratación irregular que pretendía adjudicarse a dedo, utilizando a RACSA como intermediario.
Ese mecanismo habría impedido verificar la idoneidad de proveedores y garantizar el buen uso de los fondos públicos en el proceso.
Además, reveló que dos escáneres donados en noviembre de 2024 permanecen guardados sin instalar, pese a su valor de ₡1.900 millones.
Los atrasos obedecen, según la Contraloría, a la inacción gubernamental y no a supuestas trabas impuestas por el ente fiscalizador.
La entidad advirtió que culpar a terceros confunde a la ciudadanía y debilita la confianza pública en las instituciones estatales.
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