Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA / Imagen tomada de Internet
La Contraloría detectó rezagos tarifarios, fallas de supervisión y posibles cobros improcedentes que habrían afectado a los usuarios del AyA; un informe señala que 4 de los 5 servicios del Instituto mantienen tarifas desactualizadas.
En algunos casos, las revisiones integrales acumulan hasta 21 años de atraso, lo que impide conocer con precisión los costos reales y posibles saldos favorables.
La CGR estimó un perjuicio financiero de ₡26.074 millones entre 2023 y 2026; el problema surgiría por no rebajar la depreciación acumulada de la base tarifaria, permitiendo cobros sobre activos cuya inversión ya habría sido recuperada.
La Contraloría también cuestionó a Aresep por aplicar parcialmente sus potestades; señaló que tardó 17 años en revisar servicios conexos, mantiene liquidaciones pendientes y no realizó fiscalizaciones financiero-contables suficientes para controlar los recursos recaudados por el AyA.
Otro hallazgo advierte falta de trazabilidad para demostrar que cada ingreso tarifario se destina al servicio correspondiente; esta debilidad podría generar subsidios cruzados no autorizados y dificultar la detección de desequilibrios financieros, ineficiencias y eventuales devoluciones a los abonados.
El AyA indicó que analiza el documento para verificar si incorpora sus observaciones; además, sostuvo que algunas conclusiones podrían responder a interpretaciones distintas sobre la información suministrada durante el proceso de auditoría.
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