Tras la falta de un acuerdo concreto, Marta Acosta, contralora general, le propuso al presidente Rodrigo Chaves que acuda al Tribunal Contencioso Administrativo para resolver el diferendo por la colocación de los escáneres y Ciudad Gobierno.
El mandatario y su equipo visitaron la sede del órgano fiscalizador del Estado para conocer el motivo por el cual decidió frenar ambos proyectos.
El primero de ellos tiene que ver con la colocación de dispositivos de seguridad en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos para detener la exportación de droga de Costa Rica a Europa.
Mientras que Ciudad Gobierno busca recortar el gasto de ¢30 mil millones al año en alquileres que hace el Estado.
En ambos casos, Acosta pide a Chaves que se apegue a la legalidad y a los procedimientos, y que no trate de forzar la ley en ninguna dirección.
“Si usted tiene algún inconveniente con las decisiones de la Contraloría, puede acudir al Tribunal Contencioso para dirimir”, dijo Acosta.
Mientras tanto, el presidente Chaves lamentó los resultados de la reunión, ya que según él, un conflicto legal podría durar hasta 15 años en resolverse, y eso sería como atender al paciente cuando “ya se murió”.
En torno a Ciudad Gobierno, el presidente destacó que hay muchos intereses alrededor de ese plan y por ello, no se ha logrado avanzar “desde los tiempos de mi abuelita”.
El mandatario resaltó que el único acuerdo al que llegaron fue “que no estamos de acuerdo”.
En varias ocasiones, Chaves indicó que Acosta lleva más de 20 años en el cargo y hasta dijo que “no tenía jefes” y que “sus actuaciones no tenían consecuencias”, lo cual fue rechazado por Acosta, quien señaló que rinde cuentas ante el Congreso.
