Por medio de un pronunciamiento público, Marta Acosta, contralora general, señaló que el referéndum que propuso el presidente Chaves pretende evitar el control sobre los fondos públicos.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta.
Esto implica abrir una puerta para la corrupción y recortar los controles de fiscalización.
En ese sentido, Acosta indicó que la ley de referéndum es peor de lo que pensaba inicialmente y que evidentemente “desmantela la Contraloría”.
“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, indicó.
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
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