Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Poder Judicial rechazó las condiciones propuestas por el Gobierno para disponer de parte de su presupuesto y advirtió posibles afectaciones sobre los servicios de justicia.
La institución sostuvo que sus finanzas ya están sometidas a fiscalización de la Contraloría General de la República, controles y auditorías establecidos por ley; además, aseguró que su ejecución presupuestaria supera el 95%.
El Gobierno propone liberar los recursos por tractos, después de revisar cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial, obtener una certificación de la Contraloría y recibir autorizaciones de una comisión legislativa y del plenario.
El Poder Judicial considera que esas condiciones exceden la fiscalización y permiten que otros poderes intervengan en decisiones sobre cuándo utilizar recursos, reorganizarlos o disponer de determinadas plazas.
La institución argumentó que la Constitución Política garantiza su independencia para administrar los recursos asignados y negó que su posición pretenda proteger privilegios o gastos innecesarios.
Advirtió que retrasar la disponibilidad del dinero podría afectar investigaciones del OIJ, protección de víctimas, tecnología, funcionamiento de tribunales y otros servicios; aseguró que la discusión se concentra en su capacidad para administrar oportunamente los recursos.
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