Un préstamo de $100 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitirá al gobierno la construcción de siete centros cívicos en Puntarenas, Corredores, Limón, Liberia, Goicoechea, Pavas, Pérez Zeledón y Alajuela.
Pero, la escasez de recursos, impide a las autoridades desplegar acciones para contener la ola delictiva, además de que “la prevención debe ser vista como una inversión”, explicó Sergio Sevilla, viceministro de Justicia y Paz.
La explicación la ofreció el funcionario a los diputados de la Comisión de Seguridad; Gilberto Campos (PLP) destacó la importancia del deporte para contener la violencia, y preguntó a Sevilla si tenían convenios de ese tipo con el ICODER.
Su colega del PUSC, Horacio Alvarado, planteó la posibilidad de que se pueda quitar -al Registro Nacional- el 3% que recibe de los gobiernos locales, y transferirlo a esos centros cívicos.
“Otra alternativa” -agregó el congresista- para allegar mayores recursos a estos programas, “se relaciona con los dineros provenientes de los impuestos a las bebidas alcohólicas”.
Los representantes del Ministerio de Justicia mencionaron el Programa Centros Cívicos sin Paredes, que consiste en visitas a las comunidades; y Profe Comunitario, cuyo objetivo es evitar la deserción estudiantil.
—
