En los centros educativos existe un tráfico organizado de estupefacientes; la policía identificó 33 distritos y 810 instituciones pedagógicas, donde los estudiantes van a vender esas sustancias, y no a estudiar.
La denuncia fue realizada por el viceministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, para justificar el traslado de ¢3.200 millones del presupuesto educativo al Ministerio de Seguridad.
El año pasado -explicó Sánchez- recibieron más de “1.900 denuncias por violencia física, armas blancas y venta de drogas”; en cuatro años realizaron 22 mil decomisos de sustancias prohibidas a menores de edad.
Entre los psicotrópicos de mayor consumo destaca la marihuana -20%-; además de crack, cocaína y drogas sintéticas, manifestó el alto funcionario.
Los 810 centros pedagógicos están ubicado en zonas peligrosas; ahí -reveló Sánchez- cerca de 190 estudiantes coexisten con homicidios y tráfico de drogas.
Investigaciones realizadas por especialistas evidencian que en el 2022 unos 35 mil jóvenes dejaron tirados los estudios, debido a la violencia y al consumo de estupefacientes.
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