La eliminación de un puñado de exoneraciones, nuevos controles fiscales y la aplicación de la renta global, destacan entre las cinco propuestas que presentó el gobierno de Rodrigo Chaves la semana pasada.
Habilitar jornadas de trabajo de 12 horas para las zonas francas y otras industrias, haría de Costa Rica un país más competitivo para atraer inversión y generar nuevos puestos de trabajo, según varios representantes del sector productivo.
Desde una reforma constitucional para que el gobierno emita deuda externa sin aprobación legislativa, hasta cierre de negocios y nuevas franjas para el cobro de la renta, son algunos de las propuestas de cinco nuevos proyectos de ley.
El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, podría seguir en su cargo en la Sala Primera de la Corte, si el plenario legislativo vota a su favor, según la recomendación realizada por la Comisión de Nombramientos.
Todos los integrantes de la comisión de seguridad, donde se analizó de previo y avaló el expediente 23.090 -ley contra el crimen organizado- presionaron a Carolina Delgado (PLN), para que recapacite y retire sus mociones contra esa iniciativa.
Para evitar una posible disminución de ¢4 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Cultura, la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció que utilizará todos los instrumentos legales a su alcance en el Congreso.
El gobierno de Costa Rica respalda la gestión de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, quien disolvió el Congreso, para evitar su destitución y proceso judicial por aparentes negocios ilícitos con un contrato petrolero.
El presidente Rodrigo Chaves firmó la reforma al artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), que confiere a esta institución la rectoría en la modernización del estado.
Los diputados aceleraron el ritmo de las sesiones, para discutir las 500 mociones que presentó la liberacionista, Carolina Delgado, al proyecto de ley contra el crimen organizado, y aprobarlo en dos debates antes del 7 de junio.
El Ministerio de Hacienda determinó sanciones por ¢361,5 millones contra 10 casinos ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas tras un operativo de control tributario.
