De la utilidades anuales del Banco de Costa Rica (BCR),un 38 por ciento son destinadas a diversas instituciones y programas públicos, entre ellos la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Así lo afirmó el diputado frenteamplista, Jonathan Acuña; quien aseguró que el BCR aporta al estado costarricense las denominadas “cargas parafiscales”, estimadas en ¢17 mil millones.
“Solo al IVM, el fondo de pensiones más importantes de este país, le dio más de ¢8 mil millones, solo el año pasado”, agregó Acuña.
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Otros congresistas manifestaron sus inquietudes con la iniciativa de Rodrigo Chaves de vender, entre otros activos estatales, el BCR; de acuerdo con el proyecto No 22.331, presentado a la Asamblea Legislativa.
Al cumplir 100 días de gobierno, Chaves anunció la privatización del Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).
La subasta de “BICSA y el BCR, dará recursos frescos de aproximadamente un 2,8% del PIB. La venta del 49% del INS le puede dar al Gobierno ₡593.000 millones, equivalente a unos $870 millones (1,2% del PIB)”, aseguró Chaves.
“Vamos a seguir planteando cheques en blanco” preguntó la jefa de fracción del PLN, al referirse a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La congresista considera que debe de realizarse un análisis de costo beneficio, antes de valorar los diferentes aportes económicos del BCR a la sociedad costarricense.
Para Vanessa Castro, jefa de fracción del Partido Unidad Socialcristiana, en el proceso de una eventual venta del BCR debería “primar un criterio técnico”, y no político.
También, Pablo Sibaja, parlamentario de Nueva República, consideró que ese partido no está cerrado al análisis de la subasta del banco, si bien deben verse los números fríamente y cuál sería el impacto de esta negociación.
La oficialista Pilar Cisneros consideró que este es un primer paso para “atacar” el pago de la deuda externa y sus elevados intereses.
Ella agregó: “si seguimos así vamos a terminar de matar el escaso cinco por ciento” disponibles para invertir en las “cosas que hacen mejor la vida del ciudadano”, es decir: carreteras, servicios, escuelas.
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