Cruzar los datos tributarios, la información crediticia, el acceso a la seguridad social y otras variables es lo que pretende el Banco Central de Costa Rica (BCCR) al acceder al secreto bancario.
Las autoridades de la institución rindieron cuentas sobre sus objetivos y de paso, minimizaron la polémica de los últimos días en torno a este tema, al afirmar que el Banco Central ya tiene acceso a cierta información suministrada por otras instituciones públicas.
“El Banco Central ya ha podido recopilar información individualizada ligada al pago de impuestos, proporcionada por Hacienda, así como otra tomada de otras instituciones públicas.
Sin embargo, una vez que se cuente con la nueva información, se podrá vincular con la que ya se ha obtenido de otras instituciones para realizar diferentes tipos de análisis”, dijo Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central.
En ese sentido, el cruce de bases de datos con información individualizada para estimar la riqueza individual de los ciudadanos no es de ninguna manera el objetivo, agregó Alfaro.
Empresarios, diputados, bancos y especialistas señalan que los datos crediticios no pueden ser compartidos con otras instituciones del Estado y que la demanda que presentó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) contra la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) carece de base legal.
La protección del secreto bancario de los deudores y las empresas motiva a diferentes grupos a oponerse a la demanda presentada por desobediencia contra Rocío Aguilar, superintendenta general de entidades financieras.
“No hay una necesidad estadística que justifique la violación de la confidencialidad de la información”, dijo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
En principio, el Banco Central necesita información para generar estadísticas económicas, pero esos datos deben ser información agregada y anónima, respetando la privacidad e intimidad de las personas.
“El nivel de detalle requerido por el BCCR expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma, es decir, los usuarios del sistema financiero. Por ello, para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), resulta preocupante y resulta incomprensible la denuncia penal planteada en contra de la superintendente de la SUGEF”, agregó la UCCAEP.
Diputados como Daniel Rojas del PUSC indicaron que la medida es “vergonzosa”.
“Esta actuación tiene ánimo de control e invasión de la vida privada. Si se requiere información para generar estadísticas económicas, se debe hacer de otra forma, respetando la privacidad de las personas y siguiendo el debido proceso para eso, no de forma intimidatoria. Esto es vergonzoso”, expresó Rojas.
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