Con el voto de 41 congresistas fue aprobado el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Argentina; ambos entregarán -de manera recíproca- a la persona reclamada para ser procesada, o para el cumplimiento de una sentencia en el territorio del país que lo requiere.
Las personas que podrán ser extraditadas tienen que haber cometido conductas que son penalizadas con, al menos, dos años de prisión; la pena debe estar en firme, y el tiempo que le falte por cumplir de su condena, debe ser superior a un año.
Un aspecto relevante es que la extradición no será concedida por delitos políticos o hechos conexos con esa naturaleza; entre ellos el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno.
El tratado contiene una serie de normas, que regirán para no conceder la extradición cuando la persona reclamada va a ser juzgada o haya sido condenada en el Estado requirente por una comisión especial, o un tribunal “ad hoc”.
Asimismo, la extradición no se concederá si el delito -por el cual se solicita- tuviere prevista la pena de muerte o prisión perpetua en la legislación de la Parte Requirente, y esta no da seguridades suficientes, que dicha pena no se impondrá o ejecutará.
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