Considerando que se trata de una violación a su autonomía, 78 municipios ya han declarado que todos sus puestos de trabajo son “exclusivos y excluyentes” de la ley de empleo público, según un recuento realizado por el Ministerio de Planificación.
Esto significa que las municipalidades se autoregularán en materia de empleo, definiendo los límites salariales por puesto laboral, así como las sanciones para sus funcionarios.
Hasta el momento, solo el municipio de Matina se ha declarado bajo la rectoría del Mideplan, mientras que los gobiernos locales de Limón, Montes de Oca, San Carlos y Puntarenas no han tomado una decisión al respecto.
Al igual que las universidades públicas y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), los gobiernos locales se amparan en una resolución de la Sala IV que les otorga facultades para defender su autonomía respecto a la ley de empleo público.
La iniciativa en cuestión pretende establecer un salario único por puesto laboral para todo el Estado.
El objetivo es frenar el crecimiento de los incentivos y salarios en el sector público.
La ley de empleo público fue cuestionada ante la Sala IV, por lo que Laura Fernández, ministra de Planificación, tuvo que defender los argumentos del gobierno ante el máximo tribunal.
“Como Ministerio de Planificación, responsable del empleo público en el país, presentamos argumentos sólidos en relación a los puntos alegados en ambas acciones.
Reiteramos que la Ley Marco de Empleo Público no tiene vicios de constitucionalidad. Hemos dado amplios criterios sobre aspectos en los que la Sala ya se había pronunciado desde 2021 durante el proceso del expediente”, señaló la ministra de Planificación.
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