Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Tribunal Supremo de Elecciones pidió al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, aclarar si el contenido de la tercera versión de la “ley jaguar”, ya forma parte del ordenamiento jurídico del país.
Servicios Técnicos definirá si el único artículo de la propuesta implica una innovación, reforma o derogación de normas vigentes, aclarando su impacto en la legislación existente para proceder con el trámite.
Además, se solicitó remitir al TSE la explicación de la iniciativa que aparecería en el formulario de recolección de firmas, en caso de que los magistrados den su aval para el proceso.
Esta consulta surge porque la propuesta se presentó por iniciativa popular a nombre de Edgar Espinoza Rodríguez, esposo de Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La última versión del proyecto modificaría el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, estableciendo restricciones para que esa institución no “sustituya o abarque” competencias administrativas.
En caso de proceder, el referéndum costaría al país ¢3.000 millones, Servicios Técnicos tiene ocho días para enviar su respuesta al TSE, una vez que reciba las consultas de las instituciones involucradas.
_____
