Una serie de dudas atascan el trámite del texto sustitutivo al Proyecto 22.530, tendiente a proteger al sector autobusero nacional, afectado por el impacto de la pandemia, el alza en los combustibles y el estado de las vías nacionales.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos debatieron sobre la calidad del servicio público de transportes, la vida útil de los buses y el mantenimiento de las carreteras.
Desde el 6 de setiembre 210 rutas de autobuses elevaron las tarifas de los pasajes, entre 20 y 961 colones, de acuerdo al ajuste del 2,5 al 9,6 por ciento, aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
El incremento, según se explica en una publicación de La Gaceta, corresponde a las alzas en el costo de los combustibles, lo cual incide en un aumento extraordinario que se actualiza una vez por semestre.
Para enfrentar la crisis en ese sector, y garantizar la prestación del servicio, los legisladores discuten una propuesta para ayudar a los autobuseros; pero advierten sobre una serie de incongruencias en el expediente 22.530.
La congresista del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, reconoció las penalidades afrontadas por las pequeñas empresas de ese ramo; si bien señaló que el nuevo texto no expone con claridad la “heterogeneidad del gremio.”
Su colega, Montserrat Ruiz (PLN), comentó que un alza en el costo del pasaje solo debería aprobarse si este corresponde a la adquisición de nuevas unidades.
Con respecto al deterioro de las flotillas, la parlamentaria Rocío Alfaro (FA), comentó sobre la continuas denuncias recibidas por el mal estado de los buses, cuya vida útil fue extendida de 10 a 15 años.
Sobre ese tema Gilberto Campos (PLP) explicó la ampliación de la depreciación, fue para motivar la renovación de las unidades.
Pese a los inconvenientes discutidos, los legisladores aprobaron el texto sustitutivo, y el proyecto sigue su curso en la comisión.
—
