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miércoles, julio 29, 2026
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Subir el IVA de la canasta básica al 13% golpearía más a los hogares pobres

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Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA

Aumentar del 1% al 13% el IVA sobre la Canasta Básica afectaría con mayor fuerza a los hogares costarricenses de menores ingresos, según estudio universitario recientemente publicado.

El análisis, elaborado por Leiner Vargas, investigador del Cinpe de la Universidad Nacional, advierte que la medida elevaría la recaudación estatal, pero también profundizaría las desigualdades económicas y sociales nacionales.

La recaudación anual pasaría de ¢42.065 millones a ¢546.841 millones, monto equivalente a cerca del 1% del producto interno bruto, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el informe.
Sin embargo, el primer quintil, con ingresos mensuales promedio de ¢321.351, destina 44,1% de sus recursos a alimentos y asumiría una carga equivalente al 6,7% de sus ingresos.

Para esas familias, el aumento representaría perder casi un mes de capacidad de compra alimentaria al año, mientras hogares vulnerables del segundo quintil podrían caer bajo la línea de pobreza.

El efecto sería menor entre los sectores de mayores ingresos. El quinto quintil, con ¢2.675.743 mensuales, dedica solo 9,9% de sus recursos a los productos de la canasta básica.

El estudio calcula que alimentos esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes, harinas, pollo, carne, atún y sardinas aumentarían aproximadamente 11,9% en el precio pagado por los hogares consumidores.

El informe también cuestiona el llamado IVA personalizado, porque muchas personas vulnerables podrían quedar fuera de las devoluciones debido a fallas registrales, informalidad laboral, migración irregular y limitada cobertura social.

La experiencia latinoamericana muestra errores de exclusión entre 20% y 40% en los hogares más pobres, riesgo que Costa Rica enfrentaría por las brechas en el sistema Sinirube.

Vargas recomienda rechazar la homologación al 13%. Si avanzara, propone auditorías independientes, devoluciones automáticas, aplicación gradual, tarifas alternativas y evaluaciones públicas nacionales sobre pobreza, seguridad alimentaria y efectos redistributivos.


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