Este viernes el presidente Rodrigo Chaves anunció su decisión de frenar el cambio de horario para la policía.
El mandatario aseveró que meterá en el congelador la directriz que dio a conocer esta semana Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.
La idea, es buscar una solución para que haya más recursos policiales al mismo tiempo, pero sin complicar los horarios de los funcionarios.
Hoy día, los efectivos de seguridad trabajan 12 horas seis días a la semana, a cambio de seis días de descanso. También existe la jornada de 3×3, que es de tres días laborales de 12 horas e igual número de días para descansar.
Con el cambio que propuso el gobierno -para luchar frente al hampa y el crimen organizado-, habría un esquema de 6×4.
Se trata de una reducción de dos días de descanso, lo cual, provocó protestas y bloqueos en distintas partes del país, incluyendo Caldera, Ochomogo y otros sitios.
“Lo de la 6×4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador; antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos.
Entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento”, manifestó Chaves durante una visita a la delegación policial de Sagrada Familia, en San José.
En momentos en que el país experimenta un aumento de la violencia entre pandillas narcotraficantes, el número de policías se ha reducido a tal punto, que hoy día Costa Rica cuenta con menos efectivos de seguridad que hace diez años.
Del 2020 a la fecha, se registra una reducción en la cantidad de policías, pasando de 16.730 a 14.598, según datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
De hecho, es una cifra levemente inferior a hace una década, cuando había 14.770 funcionarios.
El déficit fiscal -que es la diferencia entre ingresos y egresos del gobierno- y la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público, explicarían el por qué del retroceso.
Para el año en curso, la mitad del plan de gastos del gobierno central se destina al pago de la deuda y sus intereses, lo que equivale a ¢5,7 billones.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2022 ocurrieron 856 homicidios, un número récord. La tasa de muertes violentas cada 100.000 habitantes trepó a 12,6, contra 11,4 en 2021.
De esas muertes, el 63% fueron ajustes de cuentas entre criminales. En lo que va de 2023 se registraron 261 homicidios.
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