Proteger información privada de corte neuro-conductual, así como brindar un marco jurídico, son los principales objetivos del proyecto de ley 23.667 “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Neurales y Biométricos” del diputado Carlos Felipe García.
Con el desarrollo de la tecnología también ha evolucionado la forma de validar la identidad de los ciudadanos, bajo métodos de autenticación.
Entre estos métodos se encuentra la biometría, una tecnología basada en las mediciones de ciertos parámetros físicos o de comportamientos, que se almacenan en algoritmos encriptados. Estos parámetros son denominados datos biométricos.
Estos datos conllevan consigo la extracción de información que tiene relación directa con el ser de la persona, observándose aspectos como el rastreo ocular, huellas dactilares, la voz, la respuesta galvánica, e incluso tecnologías ligadas a temas relacionados con el comportamiento neural de la persona,
Para el diputado García, el manejo de estos datos podría eventualmente presentar un dilema ético, esto al ser información privada de corte neuro-conductual, donde se podría presentar hasta un roce con los derechos del individuo y derechos a su intimidad.
La investigación basada en tecnologías biométricas, es decir, información extraída sin necesidad que el individuo tenga que contestar expresamente algún tipo de información, se basa en el análisis de algunas partes del cuerpo humano como por ejemplo el cerebro.
Por su parte, el Doctor en Ciencias Empresariales y Master en Derecho, Juan Diego Sánchez, indicó que “las tecnologías investigativas evolucionan a un ritmo tan vertiginoso al punto de permitir extraer satos de corte biometrico, corporal e incluso neural”, por lo que expresó que este proyecto viene a establecer un marco de regulación además de potenciar la investigación biométrca neural.
Otro aspecto de la iniciativa 23.667, es que permitirá pasar de un consentimiento informado a un consentimiento razonado; esto es, que implique una clara cognición y compresión de los parámetros definidos en el uso de las tecnologías.
Un país que ya está implementando este tipo de protección es Chile, una nación pionera en esta materia, con un proyecto de Constitución Política que busca el establecimiento del concepto como un derecho de las personas, así como su resguardo.
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