Reducir la cantidad mínima de trabajadores, requeridos para fundar una asociación solidarista; y permitir que jóvenes de 15 años puedan afiliarse, son parte de las reformas promovidas a la ley que regula a estas organizaciones laborales.
Así lo dijo Álvaro Villalobos, quien preside la Asociación Academia Solidarista Alberto Martén, a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, quienes analizan el expediente 22,980 o Ley de fortalecimiento de Asociaciones Solidaristas.
El representante laboral propuso permitir a estas agrupaciones “la inversión en obras públicas, así como la expansión al resto de la economía costarricense”, ya que manejan fondos equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
También, Adrián Zamora, de la Asociación Solidarista de la Universidad Nacional, comentó que sus “actividades no son financieras, razón por la cual no tiene sentido la supervisión de la SUGEF”.
Las diputadas Johanna Obando (PLP) y Luz Mary Alpízar (PSD), plantearon varias dudas sobre la designación de utilidad pública a esas organizaciones, el tema de los entes fiscalizadores, y que los patronos tenga voz pero no voto.
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