El Poder Judicial advirtió que un recorte del 42% en su presupuesto operativo compromete investigaciones, atención a víctimas y servicios judiciales.
Según la institución, el ajuste aplicado por Hacienda supera los ¢3.000 millones, y afecta recursos destinados a combustible, viáticos, peritajes y mantenimiento de infraestructura. La directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, afirmó que la medida deja al Poder Judicial en una situación crítica para lo que resta del año.
El director interino del OIJ, Michael Soto, señaló que la reducción presupuestaria podría limitar operativos contra el crimen organizado y generar dificultades para adquirir combustible y cubrir movilizaciones del personal.
La magistrada Patricia Solano advirtió que también se verían afectadas labores como el levantamiento de cuerpos y otras diligencias judiciales.
El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que la falta de recursos impediría contratar peritajes y traducciones oficiales, mientras la Defensa Pública alertó sobre el posible cierre de unas 20 oficinas, lo que dificultaría el acceso a la justicia de mujeres, menores de edad y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad.
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