De acuerdo con Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido oficialista, muchos de los temas fueron excluidos de la consulta popular por falta de presupuesto y para evitar complicaciones legales.
La venta del BCR, la explotación de gas natural, la aplicación de jornadas laborales 4×3 y el cierre de varios órganos desconcentrados del Minae, Ministerio de Agricultura y el MOPT se excluyeron para evitar vicios de ilegalidad y problemas de conexidad con la Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional.
“Hay gente que dice: ¿por qué no incluyeron la venta del BCR? Bueno, dentro de las limitaciones que tiene el presupuesto es que por cada tema que incluyamos ahí, si no se pueden conjuntar, hay que conseguir 180 mil firmas más; es decir, para este referéndum 180 mil; si queremos dos o tres temas, entonces serían 360 mil o 540 mil firmas”, dijo Cisneros.
La ley establece que para realizar una consulta sobre varios temas en un mismo texto, los proyectos tienen que guardar relación entre sí; de lo contrario, habría un problema de conexidad.
El gobierno apostó por una reforma a la ley de la Contraloría, una modificación a la ley de contratación administrativa y otra aclaración en la ley de Japdeva para permitir al Estado construir, por medio de una alianza estratégica, “Ciudad Gobierno” en un terreno propio en Plaza Víquez y una Marina y Terminal de Cruceros en Limón.
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