Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Imagen tomada de internet
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amplió su control sobre las comunicaciones mediante la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes.
La normativa concede al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos poder absoluto para supervisar, restringir y vigilar el tráfico digital dentro del territorio nacional.
TELCOR, dirigido por Nahima Díaz Flores, hija del jefe policial Francisco Díaz, podrá exigir datos estadísticos y georreferenciados a los proveedores.
Organizaciones opositoras advierten que esta ley consolida un sistema de censura total y elimina los últimos espacios de libertad informativa.
La investigadora Alexa Zamora señaló que esta medida, junto con la Ley de Ciberdelitos, configura un marco legal de represión.
Desde 2018, el gobierno de Ortega ha perseguido periodistas, clausurado medios independientes y bloqueado portales informativos contrarios a la narrativa oficial.
Más de doscientos cincuenta comunicadores han sido forzados al exilio tras sufrir amenazas, prisión política y confiscación de bienes.
La nueva ley permite al régimen rastrear comunicaciones, controlar la red nacional y fortalecer su aparato de vigilancia sobre la ciudadanía.
Expertos califican esta medida como una “ley mordaza” digital que busca silenciar toda disidencia política y social en Nicaragua.
Con esta legislación, el régimen elimina definitivamente cualquier posibilidad de libre expresión o crítica a su autoridad en el país.
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