Representantes de varias organizaciones de personas con discapacidad acudieron al Congreso, para exponer las razones por las cuales rechazan un proyecto de ley, que extendería la vida útil de los autobuses, de 15 a 18 años.
Esta modificación sería inconstitucional, porque marcaría un retroceso en una serie de derechos -contemplados en la Ley 7600- para los discapacitados, enfatizaron Gilberto Pochet, Luis Flores y Nicole Mesén, en una conferencia de prensa.
Al rechazo se unió Orlinda Méndez, conductora de un bus en Goicoechea, quien describió las anomalías mecánicas, la falta de mantenimiento preventivo y otros defectos de estos vehículos de transporte público.
El Frente Amplio (FA) presentó más de 100 mociones a esta iniciativa, que es discutida en la Comisión de Económicos; la congresista de ese partido, Sofía Guillén, afirmó: “ hay unidades que no tienen que seguir operando”. También, un grupo de autobuseros, de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), protestó frente a la sede del Parlamento, por el bloqueo del FA al proyecto.
—
