Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Bloque Democrático presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la Presidente Laura Fernández, que amplía el secreto de Estado a áreas de seguridad.
La agrupación, integrada por Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, sostiene que la medida afecta la transparencia, el acceso a información pública y la fiscalización del uso de recursos estatales.
Los diputados cuestionan que el decreto abarque presupuestos, compras, contrataciones, consultorías y otros documentos vinculados con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Fuerza Élite, Consejo Nacional de Seguridad y coordinaciones dirigidas desde Presidencia.
La oposición afirma que proteger información sensible puede ser necesario, pero rechaza una reserva amplia que, a su criterio, podría impedir conocer cómo se utilizan fondos públicos y dificultar controles institucionales sobre decisiones tomadas bajo el argumento de seguridad nacional.
La Sala Constitucional ya estudia otros dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el mismo decreto. Las gestiones cuestionan posibles afectaciones al acceso a la información, la rendición de cuentas y el principio de reserva de ley.
El Ejecutivo defiende la medida alegando que divulgar datos operativos, contratos o capacidades podría exponer vulnerabilidades estatales, afectar operaciones policiales y poner en riesgo a funcionarios. La presidente Fernández sostiene que la información pública continuará siendo accesible.
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