Laura Sauma
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El estancamiento en el que se encuentra sumido nuestro país es innegable. La pobreza y la desigualdad van en aumento, el empleo y la riqueza se desvanecen, como el agua en el desierto; y la falta de estímulos para el emprendimiento y la innovación es más que evidente.
Las instituciones públicas, lejos de cumplir sus objetivos, parecen expertas en decepcionar a la ciudadanía, dejando un reguero de insatisfacción a su paso. Vivimos en un país, donde se pagan impuestos astronómicos, por servicios que brillan por su ausencia o por su deplorable calidad.
Y como si fuera poco, mientras el barco se hunde lentamente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo –que no escapan de esa inoperancia– se dedican a un juego de culpas interminables, sin detenerse un segundo a buscar soluciones reales.
En medio de ese caos, surge la brillante idea: ¡vamos a hacer un referendo y que “el pueblo” decida! Claro, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, y aquí la pregunta es: ¿Sobre qué bases va a decidir “el pueblo”?
La complejidad del referendo: múltiples temas y sus implicaciones
Proponer cambios en una sociedad confundida, apática y hastiada puede ser como darle un martillo a un mono y esperar que construya una catedral.
Si en estos dos años nos hubiéramos dedicado a plantear una reforma estructural del Estado, quizás estas propuestas tendrían algo de sentido; pero sugerir ahora vender o cerrar instituciones, en un país donde el Estado es casi una deidad, parece más una misión suicida, que un plan con pies y cabeza.
Y si a todo lo anterior le agregamos que la cantidad de empleados públicos no para de crecer, que les han seguido regalando salario escolar, anualidades o aumentos retroactivos aún brincándose la ley, parece que nuestro Presidente no está precisamente buscando aligerar la carga de los ciudadanos comunes, sino más bien fortalecer un aparato estatal inoperante y caro.
Cuando ganó el Sí al TLC, teníamos un Presidente con las ideas claras sobre la apertura al comercio mundial; que era el objetivo de la consulta, pero el de ahora parece más interesado en buscar chivos expiatorios, que en hacer avanzar de verdad al país. Veámos.
Lo primero que debemos analizar es que, al incluir múltiples temas en el referendo, hay muchos proyectos de ley involucrados. ¿Qué va a pasar con los que son buenas ideas, pero están mal redactados o planteados? Porque no basta con que el título sea atractivo, es necesario leerlos y tomar en cuenta todos los detalles: ¿Cuántas personas se van a tomar esta molestia?
Además, el del referendo es un proceso complejo, por lo que el tema da para otro artículo, en el cual se propongan las reformas legales para facilitar su ejecución, pero en lo que nos concierne inmediatamente, no pareciera que los plazos le den al Ejecutivo. Máxime si partimos de que ni siquiera tienen listo el combo que quieren proponerle a la ciudadanía.
Los riesgos de un referendo mal planteado
La otra interrogante surge precisamente de la idea de presentar propuestas múltiples. No hay definiciones en la ley respecto a la cantidad de iniciativas que se permiten, los temas y si deben o no estar relacionados.
Ahora bien, es evidente que si vamos a incluir varios proyectos que involucran temas inconexos se la pondremos aún más difícil a la ciudadanía. Por otra parte, ¿Cómo saber cuántos temas son muchos, si no hay antecedentes al respecto?
De momento, lo que se sabe del menú es que involucra la venta de un banco estatal, el cierre de ciertos órganos desconcentrados, la armonización del mercado eléctrico, la eliminación de tarifas mínimas de colegios profesionales, la modificación de la ley de contratación administrativa para poder hacer contrataciones a dedo, inventarle tareas a JAPDEVA y las jornadas 4×3.
Cualquier cierre o fusión de instituciones debe ser consecuencia de una reforma integral del Estado, definiendo qué servicios debe dar, por qué y para qué. Si no no habrá manera de justificar las acciones, más que por los beneficios de los escogidos como ganadores y los caprichos de los que quieren, que las agencias de empleo continúen para garantizar que se mantenga su statu quo.
Nadie debería dudar de lo beneficioso que sería la competencia en el sector financiero, pero eso pasa por vender los bancos estatales, emparejar las reglas entre participantes, eliminar el carácter de ente público y el ahorro obligatorio del Banco Popular.
Convertir al Banco Nacional en un verdadero banco de desarrollo, concentrando las labores del Banvhi, Infocoop, CONAPE y demás fondos para préstamos de empleados públicos, o gremios específicos, que mantenemos en múltiples entes. Vender un banco estatal en particular, en cambio, no pasa de suscitar suspicacias.
En cuanto a nuestro desempleo estructural, las jornadas 4×3 no son la solución. En vez de concentrarnos en una reforma para beneficiar a las zonas francas, deberíamos gastar nuestra energía en la necesaria flexibilización laboral; recordemos que en las zonas francas trabajan aproximadamente 180.000 personas, mientras que en el régimen definitivo son 1.700.000.
De modo que sería mejor pensar en cosas como crear un seguro de desempleo, disminuir las cargas sociales y facilitar la contratación y despido de personas, o emparejar la cancha entre hombres y mujeres, pero sin encarecer la contratación de estas últimas.
Los monopolios son nefastos para los consumidores y ahora con el fantasma de los racionamientos eléctricos sobran las razones para abrir el mercado eléctrico, de una vez por todas.
Pero hagámoslo bien, saquemos al encargado de la transmisión de la generación y la distribución. No inventemos más burocracia ,y dejemos de aceptar los precios al costo; que de lo contrario terminaremos con otro ornitorrinco, de esos que nos encantan y que lo único que hacen es llevarnos a manos de secuestradores diferentes.
Proponer la reforma de la ley de contratación pública para hacer contrataciones a dedo, en vez de simplificar, digitalizar y transparentar procesos para obtener las mejores opciones en precio, calidad y plazo, no traerá buenos resultados por más que queramos embellecerla con la posibilidad de dejar de pagar alquileres millonarios.
Ya los resultados desastrosos de las contrataciones amañadas los hemos vivido por años, no hace falta permitir que nos sigan robando, y que unos cuantos se hagan ricos a costa del resto.
Es increíble que siquiera se considere inventarle funciones a JAPDEVA, parece un mal chiste. Es evidente que si en 61 años no se ocupó del desarrollo de Limón, no hay razón alguna para pensar que ahora será diferente.
Ya le hemos regalado dos rescates económicos por 55.000 millones de colones, y los únicos beneficiados siguen siendo sus empleados: lo que procede es cerrarla de una vez por todas.
Los costos de producción en este país son exorbitantes y las tarifas mínimas exigidas por los colegios profesionales son una de sus causas; pero estas no son más que un síntoma del verdadero problema.
En realidad, lo que se necesita es eliminar la obligatoriedad de pertenecer a colegios profesionales, eliminar los timbres y permitir que se sostengan por sí mismos, no obligar a los profesionales y a sus clientes a seguir manteniéndolos.
Hasta ahora las propuestas de consultas son para atacar síntomas de una enfermedad; y nosotros lo que necesitamos es llegar a la raíz de nuestros problemas crónicos.
Absolutamente todos requieren intervención estructural y profunda, pero: ¿estamos realmente dispuestos a hacerlo y pagar el precio? Porque, de lo contrario, seguiremos siendo víctimas de las recetas estatistas, que nos empobrecen y agravan nuestras dificultades.
Esta vez el costo de los parches sería de 3 mil millones de colones. Probablemente algunos pocos, los elegidos por los políticos de turno, harán su agosto a costa del resto. Entonces, ¿nos rendiremos o exigiremos soluciones verdaderas de una vez por todas?
Reflexiones finales: el futuro de nuestro país
Antes de decidir si estamos a favor o en contra, pensemos en el futuro. Por ejemplo, ¿Qué pasaría si insistimos en la vía del referendo y decimos no a la venta del BCR? Seguiremos atados a bancos estatales que nos exprimen con tasas altas. ¿Quién se atreverá a proponer algo similar después de un no rotundo?
En resumen, estamos en una encrucijada donde cada decisión tiene consecuencias profundas. Es hora de analizar con lupa cada opción y actuar con responsabilidad. ¡Que la fuerza (y el sentido común) nos acompañen!
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