Laura Sauma
articulista@icorpcr.com
Hace algunas semanas, un diputado protagonizó un evento desafortunado en un parqueo. Y no, no fue un hecho aislado ni una simple anécdota: es el síntoma más visible de un deterioro institucional profundo que hemos preferido ignorar.
Para la mayoría de los ciudadanos, la democracia se ha reducido a ir a votar. Y ya casi la mitad de quienes pueden hacerlo no lo hacen. Las razones sobran: instituciones que no satisfacen las necesidades ciudadanas, ausencia de educación cívica, impunidad y corrupción, falta de oportunidades, nepotismo… elija una, todas caben. En el fondo, lo que tenemos es un problema de representatividad.
Hablemos entonces del lugar donde, en teoría, deberíamos sentirnos representados: la Asamblea Legislativa. Si analizamos lo que ocurre ahí, quizás podamos entender mejor lo que pasa alrededor y, desde ese punto, iniciar un círculo virtuoso.
Creer que las instituciones se corrigen solas es ingenuo, por decir lo menos. Mientras sigamos mirando hacia otro lado, la impunidad y la desconfianza seguirán creciendo. No se trata de cambiar nombres, banderas o partidos, sino de cambiar las reglas y medir con datos qué tan bien —o mal— están cumpliendo su función quienes nos representan.
Luz sobre el gasto
Con el objetivo de llenar ese vacío, Primera Línea impulsó el Observatorio de Datos, un esfuerzo ciudadano que recopila, depura y abre información pública para facilitar el escrutinio informado.
En el estudio más reciente se analizó el gasto de los diputados del período 2022-2026, y los resultados dejan claro por qué urge más transparencia. Se detectaron disparidades en el uso de recursos, cantidad de asesores, viajes y viáticos sin relación con productividad, y presupuestos alejados de cualquier lógica de eficiencia.Los resultados completos pueden consultarse aquí: Gasto de los Diputados 2022-2026
Estos números no buscan exhibir a nadie, sino abrir la puerta a la rendición de cuentas: saber en qué y cómo se gasta, decidir mejor, exigir resultados y evitar que el dinero público siga financiando privilegios o ineficiencia.
Solo cuando ese gasto se traduzca en resultados reales para el país, y los ciudadanos exijan explicaciones, los políticos se verán obligados a hacer mejor las cosas.
Sin control, no hay cambio
Publicar datos no basta si no se traducen en acciones concretas. El Congreso debería ser motor de transformación nacional: representar, legislar, fiscalizar, nombrar jerarcas, aprobar presupuestos y resolver los problemas reales.
Sin embargo, en la práctica, se priorizan proyectos irrelevantes, se legisla sin claridad y se reparten cargos como favores políticos.
Medir la labor legislativa por la cantidad de proyectos presentados, sin evaluar su impacto, es un riesgo en un país ya sobre regulado. Lo que necesitamos son líderes con visión país, partidos que formen equipos con capacidad y ética, y una ciudadanía que no acepte la opacidad como norma.
¿Cómo cambiamos el rumbo?
El respeto por la función legislativa se recupera con honestidad, eficacia y compromiso patriótico. Para lograrlo, se requiere:
- Información pública, actualizada y comprensible.
- Sanciones claras cuando se incumple el deber de probidad.
- Ciudadanos activos, que usen los datos para exigir cuentas y no solo para indignarse en redes sociales.
La buena política no nace de milagros. Nace cuando exigimos resultados, cuando preguntamos cuánto se gasta, qué se produce y a quién sirve.
Cuestionar y participar es parte esencial de la democracia. Porque mientras no exijamos cuentas, la oferta política no mejorará.
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