Laura Sauma
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Costa Rica cuenta con un sistema de supervisión financiera diseñado para garantizar la estabilidad del sector y proteger a los consumidores.
Este sistema incluye cuatro superintendencias especializadas: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, todas coordinadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Sin embargo, el modelo actual enfrenta críticas por su complejidad, altos costos operativos y fallos en la prevención de escándalos financieros.
Mientras en la Asamblea Legislativa se debate la posibilidad de otorgar nuevas facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la protección del consumidor financiero, surge la pregunta: ¿Necesitamos más regulaciones, o es momento de reformar un sistema, que ya es excesivamente burocrático?
Esquema sobredimensionado
Con poco más de cinco millones de habitantes, mantenemos una estructura regulatoria que es desproporcionada, para el tamaño de nuestro mercado financiero.
Por esa razón, en lugar de seguir expandiendo la regulación, deberíamos consolidar funciones y optimizar procesos, adaptando elementos de modelos internacionales.
En otros países con mercados financieros más grandes y desarrollados, los sistemas de supervisión son más simples y eficientes:
- Reino Unido (69 millones de habitantes): Utiliza el modelo twin peaks, con dos organismos principales: la Financial Conduct Authority (FCA), para la protección del consumidor, y la Prudential Regulation Authority (PRA) para la estabilidad financiera.
- Alemania (84 millones de habitantes): La BaFin es la entidad principal de supervisión, con apoyo del Deutsche Bundesbank, y el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos más grandes.
- Japón (124 millones de habitantes): La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa todo el sistema financiero.
- Suiza (9 millones de habitantes): Cuenta con un regulador único, la FINMA, que supervisa todos los aspectos del sector financiero.
La multiplicidad de organismos no garantiza una mejor supervisión. Por el contrario, la falta de coordinación, y la duplicidad de funciones, incrementan la carga administrativa y generan confusión entre las entidades reguladas.
Además, cuando ocurren fallos, como en los casos de ALDESA o COOPEMEX, no queda claro quién es responsable, debilitando la confianza en el sistema.
Escándalos financieros
Los casos de ALDESA, COOPEMEX, BANCRÉDITO, COOPESERVIDORES y DESYFIN, han evidenciado la falta de una supervisión eficaz, lo que ha generado pérdidas millonarias, afectando a inversionistas y ahorrantes. En cifras aproximadas:
- ALDESA: ¢140.000 millones.
- BANCREDITO: ¢52.000 millones.
- COOPEMEX: ¢25.000 millones.
- COOPESERVIDORES: ¢152.000 millones.
- DESYFiN: ¢22.000 millones.
Estos casos reflejan un sistema más reactivo que preventivo, enfocado en regular procesos internos, en lugar de identificar riesgos sistémicos a tiempo.
Por otro lado, está claro que ese mismo sistema crea barreras a la competencia y a la innovación.
Así, el marco regulatorio impone requisitos y trámites, que aumentan los costos operativos de las entidades financieras, costos que terminan trasladándose a los consumidores.
Las trabas burocráticas desincentivan la entrada de nuevos actores, limitando la competencia y la innovación, en un entorno donde la digitalización y las fintech están transformando el sector a nivel mundial.
Como si fuera poco, actualmente en la corriente legislativa existen dos propuestas para ampliar la intervención del MEIC, en la supervisión financiera: el proyecto 24136 y el 24616.
Si bien el objetivo es proteger al consumidor, estas iniciativas ignoran problemas estructurales del sistema, y pueden generar efectos adversos:
- Duplicidad de funciones: las superintendencias ya regulan aspectos clave del sector financiero. Crear un nuevo regulador, dentro del MEIC, solo aumentaría la burocracia.
- Falta de independencia técnica: a diferencia de las superintendencias, que tienen mayor autonomía, el MEIC es parte del Poder Ejecutivo, lo que lo expone a posibles interferencias políticas.
- Impacto en los consumidores: más regulación implica mayores costos para las entidades financieras, lo que terminaría reflejándose en precios más altos para los usuarios.
Si el problema es que las superintendencias tienen un alcance limitado sobre ciertos actores financieros, la solución no es crear un nuevo regulador, sino fortalecer y ampliar las funciones de los existentes.
Un sistema financiero saludable, requiere un equilibrio entre regulación y eficiencia. Algunas medidas que podrían mejorar la supervisión en Costa Rica incluyen:
- Consolidación de superintendencias: integrarlas bajo una sola estructura dentro del CONASSIF, permitiría reducir redundancias y fortalecer la coordinación, alineando la supervisión con modelos de economías avanzadas.
- Ampliar el alcance de supervisión: actualmente, las superintendencias solo regulan entidades registradas y autorizadas. Se debe incluir fintechs, emisores de crédito no bancarios, remesadoras y plataformas digitales de préstamos.
- Protección del consumidor desde las superintendencias: en lugar de trasladar esta función al MEIC, se podría crear una unidad dentro de las superintendencias, encargada de supervisar prácticas comerciales abusivas, regular cláusulas contractuales en productos financieros, y resolver quejas de consumidores.
- Transparencia y rendición de cuentas: implementar mecanismos de evaluación externa, y publicar informes periódicos sobre la gestión de las superintendencias, para mejorar su desempeño.
- Fomento de la innovación financiera: establecer un marco regulatorio más flexible, para impulsar la adopción de nuevas tecnologías, y permitir la creación de sandbox regulatorios, donde startups puedan operar bajo un esquema de supervisión adaptado.
- Simplificación de trámites: revisar y eliminar procesos innecesarios para reducir la carga administrativa de entidades y consumidores.
No necesitamos más regulaciones ni nuevos reguladores, sino una supervisión más eficaz, menos burocrática y más transparente.
En lugar de crear un nuevo esquema dentro del MEIC, lo lógico es reestructurar los entes existentes, para que asuman también la protección del consumidor financiero.
Esto permitiría:
- Un solo ente regulador para todo el sector financiero, evitando duplicidades.
- Un marco de regulación claro y eficiente, reduciendo costos administrativos.
- Mayor independencia técnica, evitando interferencias políticas.
- Mejor supervisión de riesgos sistémicos, en lugar de cumplir solo con formalismos burocráticos.
Si el objetivo es proteger al consumidor financiero, la clave no es aumentar la burocracia, sino mejorar la regulación para que sea más efectiva y accesible.
La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar una reforma real, garantizando protección sin caer en la trampa de la sobrerregulación.
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