Laura Sauma
articulista@icorpcr.com
Imagínese usted intentando nadar en el océano entre ballenas. Aunque nunca lo hayamos hecho, la imagen ilustra perfectamente la dificultad de transitar en el universo financiero, cuando hay participantes dominantes que impiden la competencia real.
Tratar de obtener tasas competitivas, un diferencial cambiario razonable y servicios de calidad en nuestras instituciones financieras, es como intentar respirar entre esos enormes mamíferos.
Usted podría decir: “¡Pero tenemos más de 40 instituciones financieras! ¿Cómo es posible que no haya competencia?” Pues precisamente de eso trata este artículo.
La historia comienza entendiendo que hemos sido un país gobernado por estatistas feroces, quienes han favorecido a ciertos sectores, en lugar de implementar políticas públicas, para promover el progreso y desarrollo del país, en su conjunto.
El ámbito financiero se encuentra dividido en cuatro grupos principales, a los cuales se les aplican condiciones muy diferentes: cooperativas, bancos estatales, bancos privados y mutuales.
Cada uno de estos grupos, enfrenta obstáculos distintos para ejercer sus funciones, que resultan en costos variables y fijos diferentes; y que dan como resultado una cancha dispareja que evita la competencia, que tanto nos beneficiaría.
Las ballenas estatales: bancos que no deberían existir
El Estado no debería participar en actividades que el sector privado podría realizar mejor; pero tenemos tres grandes bancos estatales, operando en el sistema financiero, y ni siquiera entre ellos las condiciones son similares.
Por ejemplo, estamos obligados a regalarle plata al Banco Popular (BP) sin una razón lógica. Los defensores de estas agencias de empleo, costosas e ineficientes dirán que es para “fortalecerlo”, pero eso, aparte de beneficiar a los políticos y empleados de la institución, no nos aporta nada positivo a los consumidores.
Además, ese banco goza de la condición de que sus depósitos no son embargables, por lo que maneja gran parte de la planilla de los empleados públicos, quienes pueden ser sujetos a demandas por su cargo.
Después, están el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), envueltos en casos de corrupción un día sí y otro también. Con privilegios como pensiones de lujo, o vacaciones eternas para sus empleados, que simplemente se cargan en las tasas que nos cobran. En esos tres bancos, los plazos de resolución son inaceptablemente largos, lo que encarece solapadamente los trámites.
Para empeorar aún más la situación, los bancos públicos tienen el monopolio de negocios de servicios estatales, como el otorgamiento de licencias y pasaportes, o todas las actividades del sector judicial.
También, cuentan con la garantía explícita e ilimitada de sus depósitos. Es decir, incluso si gestionan mal sus créditos e inversiones, el riesgo moral persiste; porque, en caso de que un banco estatal quiebre, los costarricenses terminamos pagando la torta mediante mayores impuestos.
Si todo esto no fuera suficiente, esa garantía ocasiona que bastantes clientes, quienes manejan muchas operaciones, los prefieran simplemente por esa razón, concentrando sus negocios en ellos.
Esto afecta la competencia, porque esos bancos no se esfuerzan para conseguir clientes; por eso, manejan el 45% del total de activos del sistema financiero, cerca de $35 mil millones.
¿Imagínese, si usted -sin importar lo que haga- tiene garantizado un volumen de negocios cautivo, y la garantía ilimitada de los depósitos del público solo por ser un banco estatal? ¿Cuál sería la motivación para aspirar a la excelencia, y a un manejo prudente de sus actividades?
Las cargas parafiscales: una distorsión más
Si bien las cargas parafiscales, afectan tanto a bancos públicos como a los privados, merecen mención especial porque también inciden en el funcionamiento del mercado.
Mediante ellas se financian, entre otros: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE).
¿Alguien se ha detenido siquiera a cuestionarse si algo de esto tiene sentido? ¿Si esas instituciones cumplen su propósito? ¿Si manejan adecuadamente los recursos públicos?
Las cooperativas: los privilegiados que no pagan impuestos
Otros de los actores en la obra son las cooperativa de ahorro y crédito, pues no pagan impuesto sobre la renta y, en su lugar, cancelan cargas parafiscales para mantener los beneficios de su sector.
Esas cargas financian al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), para que las represente y promocione; al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que les de préstamos y asesoría técnica; y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP), dedicado a la educación y capacitación de sus miembros.
Piense. Si usted, en vez de pagar impuesto sobre la renta para mantener burócratas, que solo estorban, pudiera usar esos recursos para capacitar a sus empleados, o para tener créditos a tasas razonables y trámites más expeditos. Pues eso, precisamente, es lo que sucede con las cooperativas.
Así, con el noble principio de atender mercados cautivos, después decidieron convertirse prácticamente en bancos comerciales, promoviendo la intermediación financiera, pero sin la preparación, conocimiento y la idoneidad de sus cuerpos administrativos y directivos.
Las mutuales: empresas sin fines de lucro, pero con trato preferencial
Las mutuales se constituyen como empresas sin fines de lucro, lo cual es irónico, si consideramos que operan en el mercado financiero. A pesar de tener un mercado cautivo, es decir, los bonos de vivienda de interés social, y contar con la garantía subsidiaria del Estado, estuvieron exentas de impuestos durante décadas.
Es increíble cómo se hacen las concesiones a favor de determinados sectores sin fundamento técnico alguno.
No fue sino hasta 2018 que se les aplicó una tasa reducida de impuesto sobre la renta, pagando apenas un 7%. Después de tantos años, se consideró conveniente que cooperaran en la estructura tributaria como cualquier otra empresa, pero manteniéndoles un trato preferencial. Sería conveniente cuestionarnos por qué.
Una cancha dispareja que perjudica al consumidor
Al final, tenemos un sistema donde las regulaciones son más estrictas para unos que para otros: unos pagan impuestos y otros no, y así cada participante está en una grada diferente. Eso sí, el consumidor es el principal perjudicado, porque no obtiene los mejores servicios al mejor precio.
Además, en días recientes, nos dimos cuenta de que ni la SUGEF ni la SUGEVAL hicieron bien su tarea, con actuaciones nulas o tardías en verdaderas estafas modernas de cuello blanco, a vista y paciencia de los supervisores. Porque estos, si los vieron, andaban de parranda.
Y la cereza en el pastel es que -de múltiples maneras y por variados canales- los defensores del statu quo, en pleno siglo XXI y en medio de la Cuarta Revolución Industrial, se rasgan las vestiduras y tratan de que nos opongamos a la venta del BCR. Según ellos, debemos hacerlo porque existe para promover el desarrollo, y le pertenece a todos los costarricenses. ¿Es en serio?
Conclusión
¿Quiere mejores tasas y mejor servicio? ¿Quiere ser tratado como un cliente, y que no le cobren por cosas tan absurdas como un estado de cuenta, o que no lo hagan ir a la entidad financiera para resolver cualquier idiotez? Entonces, luchemos por una cancha pareja. Esto pasa por:
En resumen, chapotear en el océano de las finanzas entre ballenas no debería ser nuestra única opción.
Necesitamos una reforma que nos permita nadar libremente, en justa competencia y con servicios de calidad. Para seguir con la analogía: ¡Aboguemos por una cancha pareja o un mar calmo donde nadar!
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