Laura Sauma
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En Costa Rica, tenemos 70 años de un estatismo tan feroz como ineficiente. Ante ello, cabe cuestionarse cómo han sido capaces los políticos de turno de sostener un sistema que, no solo no satisface las necesidades de la población desde hace décadas, sino que además genera tanta confusión política, como para que una gran parte de la ciudadanía piense que por esa vía vamos a encontrar nuestras soluciones.
Es decir, han logrado invisibilizar el problema estructural de nuestra gobernanza de manera tal, que siguen vendiendo la idea de que cambiando personas o banderas es suficiente, cuando lo que se requiere es un cambio de modelo. Más, es claro que el problema ya no es coyuntural, y que el tiempo para los parches pasó hace varias décadas.
El modelo vigente
La receta aplicada por esa clase política ha funcionado hasta ahora porque mezcla varios elementos, entre ellos el de garantizar los puestos para sus seguidores y allegados pues, ante cualquier situación por resolver, proponen siempre la creación de instituciones, regulaciones, trámites o impuestos… en fin, más burocracia.
Eso les ha permitido contar con una base electoral que defiende el sistema porque se benefician de él. Mientras tanto, los problemas nacionales se perpetúan, la burocracia se dedica a administrarlos y la ciudadanía se siente cada vez más impotente.
Es así como llegamos al 2023 con un archipiélago institucional que corresponde a las necesidades del siglo XX, últimos años en los que se pensó en que las maquinarias burocráticas debían cumplir objetivos de beneficio para los ciudadanos; cuando en realidad y para empeorar las cosas, en lo único que avanzamos fue en hacer esas instituciones cada vez más grandes, costosas e inoperantes.
Este camino ha provocado que la Costa Rica pionera del pasado, exitosa, llena de emprendedores y visionarios, sea ahora un país trabado, estancado y con una ciudadanía cada vez más frustrada porque sus necesidades no son satisfechas por los gobernantes a pesar de la alta carga tributaria que sufraga para ello; una ciudadanía, además, resignada a que nada se puede hacer ni cambiar, porque entre coyunturas electorales no puede siquiera identificar la raíz estructural de sus problemas.
Mantener un engaño así por tantos años no es fácil, pero los políticos han sido tremendamente hábiles y como sabían que el modelo no era sostenible en el tiempo, fueron invitando a ser parte de sus privilegiados a los grupos de presión que se iban dando cuenta de que pagar impuestos para mantener el estilo de vida de la aristocracia burocrática, iba a ser muy caro y que por ende les iba a impedir progresar.
Fue entonces que empezaron las exoneraciones y los tratos especiales de todo tipo para sectores específicos: azucareros, arroceros, cooperativas, autobuseros, taxistas, solidaristas, sindicalistas, etc.
En paralelo fueron creando toda una maraña institucional semipública: asociaciones, mutuales, colegios profesionales y otras, para tener así suficientes agencias de empleo para toda su gente y estar cada vez más protegidos ante el cambio. Todo eso sucedió, parece, mientras dormíamos.
Ahora que el sistema hace aguas por todas partes, a los que quedamos en el medio de todo lo descrito no nos queda más que trabajar -y mucho– para mantener ese Estado enorme, caro e inoperante, que no sólo no facilita la gestión de la riqueza, sino que entorpece su producción.
Un modelo de Estado que nos vendieron como solidario y justo y resultó todo lo contrario: uno que provoca pobreza, inequidad y desempleo, y donde el sistema de pesos y contrapesos para defender al simple ciudadano de los atropellos estatales no funciona porque las instituciones se volvieron fines en sí mismas y, por ende, parte del problema.
Propuesta de solución
Entonces ¿Cómo hacemos para revertir esta situación y encontrar la ruta hacia el progreso y la prosperidad?
Si el camino que nos trajo hasta aquí es el de la sectorización y ahora cada uno de los grupos mencionados defiende sus “derechos adquiridos”, la lógica impone que pasemos a la exigencia de políticas públicas equitativas de largo plazo, para lograr el bienestar de la mayoría y el progreso del país.
Evidentemente, habrá que partir de no será fácil hacerlo porque se afectarán muchos intereses. Así las cosas, deberíamos abocarnos como sociedad a la discusión sobre la reforma del Estado, pero abandonando el enamoramiento institucional y la forma hasta hoy tradicional de hacer las cosas.
Sentémonos a analizar cuáles son las necesidades que debe satisfacer el Estado, por qué y para qué, y basados en eso analicemos si lo que están proponiendo los políticos de turno es realmente una solución y, entonces sí, procuremos diseñar el marco institucional requerido junto a ellos.
Concentrémonos pues en cómo garantizamos que los servicios lleguen a las mayorías sin importar quien los provee, eso sí, velando porque todas las políticas públicas sean diseñadas con el ciudadano como eje.
Copiemos a los mejores, que los hay, veamos a Singapur, Israel, Irlanda, Corea del Sur o Estonia; países que ya solucionaron los mismos problemas que nosotros estamos enfrentando: no hace falta que inventemos el agua tibia.
En vez de tratar de acomodar una necesidad como, por ejemplo, el acceso a la vivienda, al archipiélago institucional existente (a saber: INVU, MIVAH, BANVHI y mutuales y al instrumento actual: bono de vivienda), analicemos la situación y veamos si realmente se ha cumplido con el objetivo, si algo del método aplicado hasta ahora es rescatable y si estamos fomentando el progreso personal o sólo el mero asistencialismo.
Eso habría que hacerlo con absolutamente todos los productos y servicios del Estado.
En ese proceso tenemos que nivelar la cancha y eso sólo se logrará dejando de vivir de glorias pasadas, alejándonos del enamoramiento institucional y aprovechando todos los avances tecnológicos actuales para lograrlo.
Démosle prioridad a la educación de calidad, al acceso a la tecnología, a la conectividad, a los centros de cuido para adultos mayores y personas con enfermedades terminales, las guarderías donde se fomente la educación temprana, el seguro de salud oportuno y el sistema de pensión sostenible.
Hablando claro, dejemos de aceptar los expolios legalizados que, disfrazados de conquistas sociales, protegen sólo a ciertos sectores sociales y exijamos que nuestros impuestos sean utilizados de forma responsable y para garantizar el bienestar de todos y no sólo de unos cuantos costarricenses.
Tenemos todo para progresar, pero para hacerlo debemos cambiar el enfoque del bienestar sectorial por el del bienestar nacional, el asistencialismo por la igualdad de oportunidades y la obediencia al Estado por la convicción en sus leyes.
El poder está en nosotros, los ciudadanos; nada es políticamente tan complicado que no lo podamos cambiar.
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