Aparte del faltante presupuestario de ¢4,500 millones, para el 2023, el Ministerio de Justicia denunció -ante los diputados – que la Sala IV coadministra el sistema penitenciario, y debe luchar contra el poder judicial y la criminalidad.
Las declaraciones las emitió el titular de Justicia, Gerald Campos, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde advirtió que con los fondos presupuestados “no pueden ni siquiera mantener el pésimo servicio que brindan.”
El funcionario señaló que “pese a estas carencias”, la policía penitenciaria decomisó -en cuatro meses- “mil celulares, 40 kilos de droga, 2.740 artículos electrónicos, 10 drones y seis mil armas blancas.”
La Sala IV obligó a suspender, en dos meses y medio, todos los operativos en las cárceles porque “nos impuso colocar una cámara de grabación a cada policía penitenciario”, lo cual es imposible, adujo el titular de justicia.
“Nos obligan a comprar ambulancias…a comprar vehículos y nos amenazan en acusarnos por desobediencia, o sea, tenemos que luchar contra la criminalidad, contra el sistema penitenciario y… contra el mismo poder judicial” afirmó Campos.
Mientras el gobierno redujo a ¢193.674 millones los recursos de esa dependencia para el otro año, incrementó los salarios de los funcionarios en ¢4.132 millones, según explicó la diputada liberacionista, Paulina Ramírez.
Uno de los efectos principales en esa reducción podría ser la suspensión del levantamiento del mapa catastral del país, que permite captar fondos a las municipalidades y actualizar el valor de las propiedades, para efectos tributarios.
Otros ministros, como el de Economía -Francisco Gamboa- y el de Relaciones Exteriores -Arnoldo André- manifestaron su preocupación porque las bajas presupuestarias en sus dependencias, incidirán en los servicios prestados.
El canciller señaló que tendrán ¢26.548 millones para tres grandes partidas: salarios y cargas sociales, gastos de oficinas en el exterior y las cuotas en dólares que pagan a 44 organismos internacionales a los cuales está afiliado el país.
Debido al faltante de ¢3.210 millones podrían cerrarse misiones diplomáticas, tener otras concurrentes -es decir, que cubran varios países- o bien embajadores itinerantes, con el afán de aprovechar los fondos asignado, explicó André.
Según Ramírez el gobierno “maquilla el presupuesto” y “maquilla la deuda” ya que propuso menos recursos en gastos ordinarios para el 2023, y lograr su aprobación legislativa, y después solicitará presupuestos extraordinarios.
Todos estos ajustes, según explicaron los ministros a los parlamentarios, obedecen al interés del gobierno de cumplir con los parámetros de crecimiento, establecidos por la denominada Regla Fiscal.
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