La diputada liberacionista, Paulina Ramírez busca evitar el cierre de la Clínica para Personas Enfermas Alcohólicas la cual se encuentra en una precaria condición al no recibir los recursos que le corresponden del impuesto del 5 % sobre la venta y autoconsumo de cemento producido en territorio nacional o importado para el consumo local.
En una nota dirigida al ministro de Seguridad Y Gobernación, Jorge Luis Torres; a Fabiola Romero, de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y al tesorero nacional del Ministerio de Hacienda, Mauricio Arroyo, les solicita “la coordinación necesaria para el inmediato giro de los recursos adeudados a ADEPEA por más de ¢55 millones de colones acumulados a lo que va de este año”.
En criterio de Ramírez, el incumplimiento por parte en el giro de lo que le corresponde por la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional, “está poniendo en peligro el funcionamiento y continuidad de esta institución, dedicada por décadas al tratamiento de las enfermedades del alcoholismo y las adicciones”.
La Asociación de Desarrollo Específico Clínica para Enfermos Alcohólicos (ADEPEA) es una institución cartaginesa de alcance nacional declarada de interés público, pionera en el tratamiento de las enfermedades del alcoholismo y las adicciones desde hace más de 50 años.
Actualmente, atiende a más de 40 personas por mes mediante internamientos y a cientos más de forma ambulatoria.
“En caso de su cierre, el país perdería una institución histórica especializada con un conocimiento único, que ha salvado la vida de miles de personas, motivándolas al cambio”, dijo la legisladora.
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