Una lista de 48 proyectos de ley, para ser debatidos en sesiones extraordinarias, fueron enviados por el gobierno de Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa.
La prioridad -según dijo la oficialista Pilar Cisneros- será el expediente 21.182 o Ley de Jornadas Extraordinarias, y la reforma a la ley contra el crimen organizado, contenida en el expediente 23.090.
Ambos serán tramitados de acuerdo con el procedimiento abreviado, aprobado por los diputados a finales de abril, y el ejecutivo los considera prioritarios; avanzarán a partir del 8 de mayo y se espera su votación para finales del mes.
Junto a esas dos propuestas fue remitido un paquete adicional de 46 proyectos, entre los que destacan cinco, en el marco de la Operación Costa Rica Segura.
Se trata de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (expediente 23.688), Reforma a los Artículos 7, 88, 88 BIS y 88 TER de la Ley de Armas y Explosivos y sus Reformas (Expediente 23.689), Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (expediente 23.690).
Además, la Ley para Adecuar la Respuesta a la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada (23.691), otra para Restaurar la Seguridad Ciudadana y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad (Expediente 23.692).
El ejecutivo convocó la reforma constitucional, presentada por el PSD, para permitir la extradición de nacionales cuestionados por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
Otras propuestas están relacionadas con la reforma del Estado, así como los necesarios para cumplir con los requerimientos de la OCDE, el FMI y la UE.
El período de sesiones extraordinarias comenzó el 1 de mayo, y finalizará el 31 de julio del 2023, y el Poder Ejecutivo lidera la agenda de la Asamblea Legislativa.
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