Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
La presidente Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, reformaron el decreto que regula la declaratoria de secreto de Estado para determinada información relacionada con seguridad.
El nuevo texto protege información sobre operaciones policiales, despliegues, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando, protocolos de intervención, recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia y coordinación interinstitucional; también incluye reportes, gastos y presupuestos vinculados con operaciones.
La reforma establece que la clasificación deberá justificarse mediante criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, fundamentados en un riesgo cierto, inminente y directo; además, el secreto permanecerá vigente mientras subsista el riesgo y estará sujeto a mecanismos de revisión.
Quedan excluidos los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, la ejecución general de presupuestos públicos, gastos generales y fiscalización financiera.
El decreto aclara además que el secreto no podrá utilizarse para impedir investigaciones legítimas de la Asamblea Legislativa, tribunales de justicia o Ministerio Público.
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