Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Poder Ejecutivo declaró secreto de Estado la información estratégica sobre inteligencia y seguridad nacional, restringiendo el acceso público mediante un decreto, firmado por la Presidente Laura Fernández.
La medida comprende documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la denominada Fuerza Élite; además, alcanza información relacionada con operaciones destinadas a combatir organizaciones criminales nacionales y transnacionales.
Entre los datos reservados figuran procedimientos policiales especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, capacidades operativas, mecanismos de inteligencia, estructuras de mando, bitácoras, acuerdos y grabaciones de reuniones vinculadas con las estrategias de seguridad.
La restricción también cubre presupuestos y expedientes de contratación pública; esto incluye requerimientos técnicos, estudios de mercado, proveedores y ejecución de contratos relacionados con los organismos comprendidos dentro de la declaratoria gubernamental.
El Gobierno argumenta que divulgar estos datos podría revelar vulnerabilidades institucionales, facilitar la evasión de controles por grupos criminales y poner en peligro a funcionarios; la medida se sustenta en el artículo 30 de la Constitución Política.
Jerarcas, policías, asesores, funcionarios y contratistas estarán obligados a guardar confidencialidad incluso después de terminar sus relaciones laborales; revelar secretos de Estado puede castigarse con penas de uno a seis años de prisión.
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