Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, acusó al presidente Rodrigo Chaves por un presunto delito de concusión en una contratación.
El caso se refiere a un contrato de $405.800, para servicios de comunicación en Casa Presidencial con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Christian Bulgarelli Rojas, dueño de RMC La Productora S. A., es testigo clave tras un acuerdo con la Fiscalía.
Bulgarelli afirmó haber depositado $32.000 a favor de Federico “Choreco” Cruz, exasesor presidencial, para ganar el contrato.
El Ministerio Público optó por no acusar a Bulgarelli, a cambio de su testimonio sobre el proceso de contratación.
La Fiscalía también acusa al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien era jefe de despacho de Chaves.
Ambos enfrentan el delito de concusión, sancionado con hasta ocho años de cárcel según el artículo 355 del Código Penal.
La acusación se basa en que el contrato se hizo para beneficiar a la empresa de Bulgarelli y a “Choreco” Cruz.
Además, la Fiscalía usó grabaciones de reuniones en Casa Presidencial como prueba clave en el caso.
Carlo Díaz solicitó que la Corte Plena remita el caso a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad de los acusados.
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