La Superintendencia de Telecomunicaciones responsabilizaría al gobierno de Chaves en caso de ocurrir un apagón de las señales de radio y televisión nacional, a partir del próximo 28 de junio, cuando venzan los contratos con los actuales concesionarios.
“La Sutel ha actuado y actúa de forma transparente, con estricto apego a sus competencias legales para cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley; las cuales son eminentemente de índole técnica y que se han visto afectadas por la falta de una ruta clara por parte del Poder Ejecutivo, que permita determinar si se está ante un nuevo proceso concursal o si se va a terminar el proceso de prórroga iniciado”, dijo la organización en un comunicado.
Sutel también rechazó “de manera enérgica” las declaraciones del presidente Chaves, aduciendo ausencia de decisiones por parte de la superintendecia.
“Sutel ha estado incumpliendo con su deber, llevándose años para emitir criterios técnicos que, en mi opinión, es posible que no quieran emitir, porque es probable que tengan influencias (…) Por eso, en este Gobierno no permitimos ni siquiera un olorcito a este tipo de cosas. Las leyes de este país crean islas de impunidad administrativa y jurídica”, aseveró el gobernante.
Hoy en día, los canales de televisión pagan ¢120 mil anuales por el derecho de administrar una frecuencia, mientras que las emisoras de radio en FM solo ¢60 mil y las de AM ¢6 mil.
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