El gobierno someterá a consideración del Congreso dos proyectos de ley, que permitan la construcción de Ciudad Gobierno, una iniciativa que ahorraría al estado ¢30 mil millones anuales, por alquiler de oficinas públicas.
La primera alternativa consiste, en una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública Nº 9986.
Esta normativa pretende esclarecer que el espíritu del legislador, y el contenido de estas normas, no restringen el desarrollo de proyectos, bajo mecanismos especiales en terrenos públicos, tal como lo interpreta la Contraloría General de la República.
La otra propuesta es una reforma a la Ley General de Contratación Pública Nº 9986, en sus artículos 67 y 77, de forma tal que, expresamente consideren o faculten el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos.
Según Rodrigo Chaves, los diputados podrán escoger el camino más adecuado, para construir Ciudad Gobierno, en los terrenos donde se ubica actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y trasladar unos 20 ministerios a despachos propios.
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