Más de la mitad de los ¢2.5 billones que recibirá -del presupuesto nacional- el Ministerio de Educación, serán destinados a los salarios, una suma estimada en ¢1.542 billones; el resto, ¢901.608, serán para transferencias corrientes.
El Poder Judicial es la institución que aplicará más fondos en remuneraciones a sus funcionarios; de los ¢484.371 millones aprobados, ¢388.990 serán para la planilla y ¢52.178 para la adquisición de bienes y servicios.
Algo similar ocurre con el Ministerio de Salud; recibirá ¢314.457 millones; y se dividirá así: ¢85.089 para salarios, y ¢187.109 para transferencias corrientes.
En el caso del MOPT, dispondrá de ¢415.220 millones, cuyas partidas más relevantes son ¢107.249 millones en gastos corrientes; ¢83.410 en gastos de consumo; ¢53.797 en remuneraciones y ¢122.515 en transferencias de capital.
Una de las dependencias más afectadas, según Rocío Alfaro (FA), es el Ministerio de Vivienda, “que crece un 0.4%, pero donde aumentó fue en remuneraciones, y no para los trabajadores, si no para el ministro y viceministro.”
Este jueves, los congresistas aprobarán en segundo debate el presupuesto 2023, por un monto de ¢12.26 billones; con una modificación de ¢81 mil millones destinada a proyectos sociales, comunales, municipales y viales.
—
