Pese a la oposición de los legisladores frenteamplistas, el Congreso sepultó el denominado Acuerdo de Escazú y con votación de 41 votos a favor y 11 en contra, decidieron enviarlo al archivo parlamentario.
Este convenio internacional había sido promovido por Costa Rica, junto con Chile, y firmado el Escazú, de ahí su nombre y fue ratificado por otros 14 países.
“Es una terrible señal para el país a lo interno porque es una muestra de que una mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa no tienen interés en proteger a futuro derechos fundamentales en materia ambiental”, señaló Jonathan Acuña (FA).
El Pacto concedía acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afectan al medioambiente, y la protección para los defensores de la naturaleza.
La oposición a esa iniciativa, basó sus argumentos en que el Acuerdo de Escazú ahuyentaba la inversión, o que Costa Rica tiene una legislación robusta en material ambiental y generaba inseguridad jurídica.
Incluso, Rodrigo Chaves desde que asumió el poder señaló que su gobierno no apoyaría ese pacto, y en torno a esa posición se aliaron varios sectores empresariales.
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