Incrementar los riesgos institucionales, para el personal y el presupuesto, además de otros de carácter tecnológico, son algunos de los peligros que advirtió la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, a la reforma de esa institución.
La jerarca expuso -a los diputados de la Comisión de Gobierno- las razones por las cuales se opone al expediente No. 23.217, y lo considera “negativo” sobre todo porque “carece de criterios técnicos”.
Este proyecto -aseguró Cruickshank- “merma la magistratura de influencia y debilita la institución” y afectaría el pluralismo de la Defensoría y un “debilitamiento en la lucha por los derechos humanos”.
La Defensora sostiene la potestad legislativa de fiscalizar las actuaciones de quien ocupe ese cargo, revocar su mandato, cuando incurra en violaciones graves de la ley o por negligencia.
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