- Al finalizar el año, el país sumaría más de 900 asesinatos
- Imagen de Costa Rica se deteriora a nivel internacional como destino turístico
La imagen “Pura Vida de Paraíso Tropical” que ha disfrutado Costa Rica durante años ha comenzado a deteriorarse de manera evidente por una guerra entre narcotraficantes.
Por segundo año consecutivo, el país registró un nuevo récord en la cantidad de homicidios y lo peor de todo, es que la escalada de violencia no se detiene, y se estima que al finalizar el año se registren más de 900 asesinatos.
De acuerdo a un informe publicado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este lunes 25 de setiembre contabilizaba 660 homicidios.
La disputa por territorio y rutas de trasiego de cocaína está haciendo que haya más asesinatos, a la vez que el sicariato se profesionaliza, según Mario Zamora, ministro de Seguridad.
“Normalmente, el trabajo profesional de la delincuencia se mide en función del rastro dejado en la escena del crimen y aquí estamos notando que algunos, no todos, pero sí un número importante de homicidios ejecutados se están caracterizando por la poca evidencia.
Se trata de personas que tienen un manejo de la escena y que cuentan con inteligencia previa, buscan y escogen lugares donde hay pocos testigos, se fijan en que no haya cámaras y actúan de manera rápida y certera”, dijo Zamora.
En ese sentido, los sicarios estarían contemplando también casas seguras y hasta atención médica en caso de emergencia.
La situación que vive Costa Rica es parte de un fenómeno que afecta a varios países latinoamericanos, ya que las bandas narcotraficantes -ahora transnacionales e integradas por colombianos, mexicanos y grupos locales en cada territorio- pelean entre sí y con grupos de mafiosos locales, de acuerdo con el Reporte Global de Cocaína 2023 de la ONU.
En ese sentido, muchas de las prácticas están siendo enseñadas y aplicadas en territorio nacional.
“El aumento en la violencia en Centroamérica ha sido impulsado principalmente por la competencia con los narcotraficantes locales y entre diversas bandas (…) A instancias de la colaboración méxico-colombiana, individuos ligados al cartel de Sinaloa están utilizando sus habilidades de administración para penetrar en el territorio de Costa Rica junto a los colombianos.
Se cree además que asesinos mexicanos están detrás de la ola de violencia en Costa Rica, en donde traficantes locales han sido asesinados para ser reemplazados por miembros de grupos colombianos-mexicanos”, indica el informe de la ONU.
Por otra parte, la preocupante situación que vive Costa Rica no ha pasado desapercibida a nivel internacional.
Medios como Los Angeles Times, The Washington Post, New York Post y CBS News de Estados Unidos y El País de España han reportado este mismo año que Costa Rica ya no es tan pura vida.
“Durante mucho tiempo, Costa Rica fue una isla de paz en una de las regiones más turbulentas del mundo; sin embargo, eso ya cambió.
El aumento en la criminalidad violenta ocurre en medio de un telón de fondo de creciente desigualdad, alto desempleo y una erosión de la inversión en educación, un cambio importante en un país que se enorgullecía de su sólida clase media y de producir estudiantes y no soldados”, según la publicación hecha por Los Angeles Times hace una semana.
Y es que los costarricenses ahora se involucran en el tráfico de drogas, contrabandeando drogas en contenedores de carga llenos de bananos y piñas destinados a los Estados Unidos y Europa.
También han creado un nuevo mercado de drogas interno, empleando a adolescentes desempleados como traficantes, agregó la publicación, quien cita el caso de un joven de 17 años que terminó muriendo de un ajusticiamiento.
Para resolver la situación del narcotráfico, varios diputados están impulsando la inyección de más recursos para las policías.
“El país está sufriendo, los muertos aumentan todos los días, de tal manera que es necesario proveer los fondos necesarios para que la policía tenga equipo, software y otras herramientas”, indicó Gloria Navas, diputada de Nueva República, quien presentó un proyecto que daría a la policía unos $30 millones.
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