Un total de 64.128 hogares viven en precarios con exclusión social, según informe reciente de la Contraloría General; la institución identificó 576 asentamientos en 61 cantones; eso representa un alarmante aumento del 50% respecto al año 2013.
Según el estudio, hay poca coordinación entre el Mivah, IMAS, INVU, Banhvi, CNE y municipalidades en política habitacional.
Además, se identificaron fallas en desalojos, control de reocupaciones, carencia de prevención y falta de acciones para nuevos asentamientos.
Entre 2022 y 2024, el impacto económico en Hacienda fue de ¢24.700 millones, según datos oficiales incluidos en el informe.
Ese monto corresponde a servicios brindados sin compensación: electricidad, agua, atención de emergencias, asistencia en desalojos y otras funciones institucionales.
La Contraloría también alertó que no existen análisis de riesgo de desastres específicos ni mecanismos interinstitucionales para prevenir ocupaciones ilegales.
Se detectó, además, ejecución opaca de ¢28.000 millones del Fosuvi sin trazabilidad ni evaluación clara de impacto en comunidades.
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