Tras una pequeña deliberación final, 38 congresistas votaron -en segundo debate- el presupuesto del gobierno para el año 2023, por un monto de ¢12.26 billones; con una reasignación de ¢81 mil millones para inversión en programas sociales.
La bancada oficialista, y una parte de los liberales, se opuso a la desviación del destino de esos fondos, inicialmente orientados para el pago de intereses de la deuda pública.
El 59.1% del presupuesto proviene de ingresos corrientes, entre ellos el IVA, renta, combustibles y otros; el 40.9% deberá financiarse con emisiones de títulos valores; según explicaron los congresistas.
La legisladora Paula Ramírez (LN), quien preside la Comisión de Hacendarios, dijo que el presupuesto se financia así: ¢ 7.25 billones, con ingresos corrientes y ¢ 5.1 billones con títulos de deuda interna.
Añadió que el servicio de la deuda consume el 46.7% del presupuesto, unos ¢5.7billones; el MEP un 20,6%. Ramírez agregó, que los regímenes de pensiones, con cargo al Presupuesto y el Ministerio de Trabajo, tienen un 15% adicional.
Estos cuatro programas concentran el 81,2% del Presupuesto de la República, mientras que el restante 18.8% se distribuye entre los otros 22 títulos presupuestarios.
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