- Sector privado requiere de mayor seguridad jurídica para invertir
- Hoy día existen unos 250 centros de recarga
Para impulsar la movilidad eléctrica en Costa Rica, se requiere de una red de carga robusta a lo largo y ancho de todo el país.
Es por ello, que en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley para darle la seguridad jurídica que requiere este sector para la inversión privada.
Actualmente, los centros de carga privados solo se amparan en una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual, podría cambiar de un día para otro si la junta directiva toma una decisión.
Esto, ha limitado la inversión de jugadores externos con alto poder adquisitivo que podrían masificar el servicio.
“La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica está promoviendo una reforma a la Ley 9518 para permitir que los inversores privados entren de lleno en el negocio de venta del servicio de carga rápida para vehículos eléctricos (….) Ese es el gran reto con el que estamos ahora, estamos trabajando, impulsando esa reforma y creemos que ya con más infraestructura de carga no solo personas, sino también empresas harían el cambio”, dijo Silvia Rojas, directora de dicha organización.
La reforma a la ley permitiría “a toda persona física o jurídica, pública o privada, a que pueda instalar, desarrollar y operar centros de recarga de vehículos eléctricos, así como la venta el servicio de interés general de recarga de vehículo eléctrico”, eso sí, bajo un reglamento que deberá emitir el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La idea es que hoteles, restaurantes, supermercados y otros comercios a lo largo y ancho de todo el país instalen centros de carga, o bien, que grandes empresas desarrollen una red de carga robusta.
La propuesta cuenta con un dictamen afirmativo de mayoría en la mencionada Comisión y ahora enfrenta unas 150 mociones que le fueron presentadas vías artículo 137.
El país cuenta en la actualidad con una red de más de 250 estaciones de carga semirápida, según Asomove.
El 2024 marcó un récord en la transición hacia una movilidad sostenible.
Según datos del Ministerio del Ambiente, el país pasó de tener 12.218 vehículos eléctricos al cierre del 2023 a tener más de 22 mil el año pasado.
Por otra parte, el 14,55 % de los vehículos nuevos registrados en Costa Rica el año pasado fueron eléctricos, lo que demuestra una mayor aceptación por parte de los costarricenses hacia esta tecnología. La expectativa es que en 2025 se supere la barrera de los 30 mil autos eléctricos.
No obstante, la falta de infraestructura de carga rápida sigue siendo un obstáculo para una transición más acelerada.
Empresas internacionales como Enel X y Evergo han mostrado interés en invertir en el país, pero han expresado la necesidad de seguridad jurídica antes de comprometer capitales significativos, indicó Rojas.
La nueva legislación permitirá que más compañías ingresen al mercado y fomentará la competencia.
El proyecto también contempla la fiscalización de los centros de recarga por parte de ARESEP, que establecerá un canon del 0,05% del precio final del servicio para financiar la supervisión eficiente de la red.
A pesar del respaldo mayoritario, la iniciativa enfrenta 150 mociones presentadas principalmente por la diputada liberacionista Katherine Moreira. La legisladora aboga por modificar la ley para permitir que los autos híbridos también reciban beneficios.
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