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martes, mayo 14, 2024
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A 10 años de vigencia de la Ley General de Control de Tabaco, Costa Rica continúa su lucha contra este flagelo

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Luego de 10 años de haber sido aprobada la Ley General de Control de Tabaco en Costa Rica, Ley 9028, el país continúa su lucha contra el consumo de tabaco, llevando a cabo un abordaje integral y desarrollando esfuerzos para implementar correctamente las medidas de control correspondientes a esta legislación.

“En nuestro país cada año mueren más de 2.400 personas por enfermedades relacionadas al consumo de productos de tabaco, 13% de estos fallecimientos provocados por el humo de segunda mano, ante este escenario es importante desatacar que desde su aprobación, la Ley General de Control de Tabaco les ha permitido a las personas no fumadoras disfrutar de espacios libres de humo de tabaco y exigir el cumplimiento de sus derechos, solicitando a los responsables de los establecimientos comerciales la protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares cerrados, y según proceda, otros lugares públicos”, indicó Daniel Salas, Ministro de Salud

La legislación además implementó los mensajes sanitarios en las cajetillas de productos de tabaco, advertencias que, según la Encuesta de Tabaquismo en Adultos (2015), hacen que cerca de un 55,4% de los consumidores considere dejar de fumar al verlas.

Uno de los logros más significativos alcanzados con esta ley, es el establecimiento de un impuesto específico a los productos de tabaco, de producción nacional o importado, lo cual dota de recursos económicos a cuatro instituciones del sector salud distribuyendo un 55% a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un 20% para el Ministerio de Salud, igual porcentaje para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), y finalmente un 5% para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Este aporte contribuye a la promoción e implementación de las medidas de control de tabaco y además permite que instituciones como la CCSS y el IAFA brinden tratamiento a las personas interesadas en abandonar el consumo de tabaco, por medio de las 34 Clínicas de Cesación de Tabaco (CCSS) y los 16 Centros de Atención Integral en Drogas de IAFA, alcanzando tasas de éxito para la cesación del consumo de tabaco y sus derivados mayores al 70%, iniciativas que se unen a mecanismos digitalizados como el chatbot “Dejar de Fumar y Vapear” que acompaña a las personas en el proceso de cesación.

Otro beneficio otorgado por este marco legal es la ratificación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en el año 2016; este tratado internacional busca erradicar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco; lo que constituye una estrategia para disminuir la oferta de productos, reduciendo a su vez la cantidad de consumidores en el país.

Para conmemorar la década de la legislación, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Salud realizaron el conversatorio “Décimo aniversario de la Ley 9028: logros y retos para el control del tabaco en Costa Rica”, donde enfatizaron sobre los beneficios que trajo la legislación, así como lo retos futuros.

Durante el presente año el país estará aplicando la segunda Encuesta de Consumo de Tabaco en Adultos (GATS por sus siglas en inglés), la cual permitirá conocer la prevalencia de consumo de tabaco y sus derivados en personas mayores de 15 años, y comparar los datos obtenidos en el año 2015; a partir de los resultados se definirá las intervenciones públicas necesarias para reducir el flagelo que probativa el tabaquismo. Los datos del 2015 mostraban una prevalencia de consumo de tabaco del 10.5%, 2,9% menos que los datos obtenidos en el estudio del 2010 cuando no se contaba con la ley 9028.

La Ley General de Control de Tabaco y su reglamento promueven el involucramiento de la ciudadanía para su velar por su cumplimiento habilitando medios virtuales, tales como el correo electrónico control.tabaco@misalud.go.cr, así como la Oficina de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, como mecanismos para denuncias.

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