Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dejaron sin efecto la expulsión de 8 diputados del Partido Progreso Social Democrático.
La decisión se fundamenta en que los legisladores no tuvieron la oportunidad de defenderse ante las autoridades de dicha agrupación, y por ello, el TSE declaró con lugar el recurso de amparo.
“Logramos demostrar que el partido violó nuestros derechos como militantes, diputados y ciudadanos, actuando de forma arbitraria, sin abrir ningún proceso disciplinario ni expediente alguno ante el comité de ética, ni tampoco nos dieron la oportunidad de defender nuestra tesis”, dijo Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social Democrático.
La medida también cubre a Paola Nájera, así como a Manuel Morales, Waldo Agüero, Alexander Barrantes, Ada Acuña, Jorge Rojas y Daniel Vargas.
Este grupo de legisladores fue expulsado del PPSD porque manifestó su simpatía política por el grupo emergente Aquí Costa Rica Manda para las elecciones de alcalde, lo cual fue considerado inapropiado por Luz Mary Alpízar, presidenta del partido oficialista y también legisladora.
En caso de insistir en la sanción contra sus compañeros, Alpízar deberá permitir el debido proceso y así garantizar que no se violentaron los derechos políticos de los legisladores.
De todos los legisladores electos por Progreso Social, solo María Marta Padilla tiene la categoría de “independiente”, ya que ella no firmó el reclamo presentado ante el TSE y, por ello, el Directorio Legislativo del Congreso procedió a cambiarle su categoría.
No obstante, la diputada ya aseguró que todavía forma parte de la bancada oficialista y que trabajará por los intereses del gobierno.
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