Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
En Estados Unidos, las prisiones y centros de detención de migrantes operan como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las acciones de GEO Group y CoreCivic se dispararon inmediatamente.
George Zoley, fundador de GEO Group, afirmó que su empresa fue creada para aprovechar este “momento único” en la historia estadounidense.
GEO Group reportó ingresos de $2.400 millones en 2024 y espera duplicar su tamaño y servicios bajo la administración de Trump.
CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria, también proyecta un crecimiento histórico, alcanzando $2.000 millones en ingresos durante el año pasado.
Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic, declaró que vive “el período más emocionante” en sus más de treinta años de carrera.
Ambas compañías reciben contratos financiados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
La intensificación de deportaciones masivas requiere ampliar urgentemente la capacidad de detención, generando millonarios negocios para las compañías del sector carcelario.
GEO Group firmó un contrato de 15 años para reabrir Delaney Hall en Nueva Jersey, valorado en más de $1.000 millones.
CoreCivic reabrirá el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, ofreciendo al gobierno 2.400 camas para migrantes detenidos.
Trump proyecta deportar un millón de migrantes, duplicando la actual capacidad de camas, que apenas alcanza las 41.500 financiadas.
ICE ya supera los 48.000 detenidos, lo que ha acelerado la firma de nuevos contratos para ampliar la red de detención.
La Casa Blanca solicitó un aumento presupuestario y abrió licitaciones por $45.000 millones para expandir infraestructura, seguridad y servicios carcelarios privados.
El costo promedio de mantener a un adulto detenido asciende a $165 diarios, generando grandes beneficios para las empresas contratadas.
Mientras los negocios florecen, alcaldes y organizaciones comunitarias protestan por posibles violaciones a derechos humanos y condiciones inadecuadas de detención.
Pese al malestar, analistas financieros prevén que las compañías carcelarias privadas alcancen cifras récord durante los próximos dos años.
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