Apenas comenzó el debate en torno al presupuesto nacional del 2023, por un monto de ¢12.26 billones, y ocurrieron los primeros enfrentamientos, dentro de la misma oposición y contra los oficialistas.
La primera discrepancia la inició el liberal Eli Feinzaig; llamó “irresponsables” a sus colegas liberacionistas, frenteamplistas, socialcristianos y neorepublicanos por el recorte de ¢81 mil millones, del pago de intereses a la deuda pública.
Los congresistas aludidos reaccionaron, porque fue el mismo término utilizado, días atrás, por Rodrigo Chaves, debido a que los parlamentarios destinaron esos fondos para financiar proyectos sociales y culturales.
Tras el intercambio de opiniones, siguió la discusión de los tres dictámenes del presupuesto, uno afirmativo de mayoría y dos afirmativos de minoría.
La legisladora Paula Ramírez (LN), quien preside la Comisión de Hacendarios, dijo que el presupuesto es de ¢12.26 billones; ¢7.25 billones se financian con ingresos corrientes y ¢5.1 billones con títulos de deuda interna.
Añadió que el servicio de la deuda consume el 46.7% del presupuesto, unos ¢5.7 billones; el MEP un 20,6%. Ramírez agregó, que los regímenes de pensiones, con cargo al Presupuesto y el Ministerio de Trabajo, tienen un 15% adicional.
Estos cuatro programas concentran el 81,2% del Presupuesto de la República, mientras que el restante 18.8% se distribuye entre los otros 22 títulos presupuestarios.
El informe afirmativo de minoría lo expuso Feinzaig, y señaló que este presupuesto es producto de “años y años de irresponsabilidad fiscal”, y de financiar con deuda el gasto corriente, y con déficit fiscales sostenidos.
La diferencia de este dictamen con los otros dos, consiste en la recomendación de regresar los recursos de la partida de intereses -¢81 mil millones- que fueron trasladados a otras instituciones.
El liberal adujo que Hacienda, al elaborar el proyecto de ley de presupuesto y los cálculos realizados se quedaron atrás, pues el costo de la deuda interna será mayor de lo proyectado.
La oficialista Pilar Cisneros, en su dictamen afirmativo de minoría, explicó que este presupuesto se genera en medio de un contexto difícil a nivel nacional e internacional.
Para Cisneros, el país está en medio de situaciones disruptivas que causan el aumento desmedido en las tasas de interés, el costo de la vida y la inflación registró un valor interanual de 11.88 %.
De acuerdo con la Constitución, el presupuesto debe estar aprobado, en primer debate, el 27 de noviembre; y el segundo, el 29 de este mes.
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