Los magistrados de la Sala IV analizarán si la ley de empleo público violenta la división de poderes, la progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, entre otros derechos laborales.
El sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos anunció que el máximo tribunal acogió para estudio un reclamo en contra de esa iniciativa, la cual, pretende establecer un mismo salario para todo el sector público por puesto laboral.
“Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la ley de empleo público es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al Ministerio de Planificación, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público”, dijo el sindicato en un comunicado.
Con una gran incógnita sobre el verdadero ahorro que significará para los costarricenses, el 10 de marzo entró a regir la ley de empleo público; la cual, promete frenar la bola de nieve que significan los pluses salariales de los burócratas.
Se trata de la reforma más importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto para todo el Estado.
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