Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Entre 2020 y 2022, la restricción vehicular sanitaria impuesta por el covid-19 generó más de 700.000 infracciones, según datos del Cosevi.
De ese total, hasta agosto de 2024 seguían pendientes casi 112.000 multas, equivalentes a más de ¢9.860 millones por cobrar.
La diputada del PUSC, María Marta Carballo, presentó un proyecto de ley para condonar dichas deudas y brindar un alivio económico.
La iniciativa ya fue dictaminada positivamente en la Comisión de Asuntos Económicos y pasará ahora al Plenario Legislativo.
El texto autoriza al Cosevi a ofrecer arreglos de pago flexibles a quienes gestionen su regularización ante la institución.
Además, reduce los plazos de prescripción de siete a dos años, fortaleciendo la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica.
Carballo explicó que miles de conductores fueron sancionados en circunstancias excepcionales y merecen recuperar su licencia para trabajar.
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